No queda claro si la investigación está relacionada con una auditoría de los estados financieros de la dependencia, dados a conocer por primera vez por Newspaper Tree el pasado 6 de julio.
Analinda Moreno, quien se desempeñó como directora interina del organismo, desde abril hasta su cierre, señaló que al momento de su ingreso había una deuda acumulada de más de medio millón de dólares, en facturas no pagadas a proveedores y otras deudas que databan de 2009.

“Nunca antes había visto los estados financieros”, señaló Moreno en entrevista.

Las investigaciones que realiza la OIG se mantienen bajo un velo de misterio y discreción.

“Lo único que puedo decir es que Servicios de Salud del Departamento de Estado remitió este año un caso a la Oficina del Inspector General (OIG)”, de acuerdo con Carrie Williams, portavoz de Servicios de Salud del Departamento de Estado de Texas.

La indagatoria de la OIG es otra pieza del rompecabezas de lo que ocurrió con Planned Parenthood, institución de El Paso que a finales de junio informó que cerraría sus puertas luego de 72 años. Más de 28 mil pacientes recibieron sus expedientes médicos y avisos sobre a dónde acudir en el futuro.
La reacción fue veloz y desafortunada, en su mayor parte. “Me habría sentido mejor si se hubiera emitido alguna advertencia o incluso realizado una campaña de último recurso de ‘Save Our Services’”, escribió Vanessa Torres.

“La noticia me resultó impactante y sorprendente”, comentó la ex presidenta y directora general Betty Hoover cuando se le preguntó recientemente si en algún momento algo le hizo creer que la organización estaría en la quiebra apenas dos años después de su salida en 2007.

Las preguntas fueron muchas: ¿Planned Parenthood de El Paso había sido víctima de una pobre economía, una mala administración, activistas antiaborto o una mezcla de las tres? ¿Por qué no hubo indicios; por qué nadie apeló? ¿Quién fue responsable?

Este medio dio seguimiento a la nota mediante ciertos datos y la idea básica de que una institución tan importante y antigua no cierra sus puertas de la noche a la mañana. En las últimas dos semanas, se contactó o habló con docenas de personas, muy pocas de las cuales proporcionaron su nombre por temor a represalias. Tal circunstancia es reveladora por sí misma.

A fin de cuentas, aunque el cierre haya impactado al público en general, dentro de la dependencia y entre allegados a organizaciones sin fines de lucro no era ningún secreto que la organización enfrentaba problemas.

Varias fuentes –ninguna de las cuales estuvo dispuesta a dar su nombre— indicaron que Planned Parenthood se encontraba en descenso por lo menos desde 2003, y una revisión de los estados financieros disponibles muestra que el déficit aumentó de 380,623 dólares en 2006 a 583,987 dólares en 2007, el año más reciente para el que estuvieron disponibles documentos fiscales conocidos como 990s, los cuales son obligatorios para organizaciones sin fines de lucro.

Además de la auditoría y la investigación de las finanzas del organismo, NPT se enteró de que una fusión con Planned Parenthood de Austin —que opera como una entidad independiente— quedó en el aire.
La ex directora, Marci Brooks, comentó que una de las condiciones de la fusión era que Planned Parenthood de El Paso empezara a ofrecer abortos.

Cabe señalar que dentro del mandato de Brooks –que abarcó desde 2007 hasta el momento de su renuncia en abril— las deudas de Planned Parenthood se multiplicaron.

Su aseveración fue rebatida por la Federación de América de Planned Parenthood, organización nacional que no ejerce un control directo sobre grupos locales pero ofrece supervisión bajo la forma de revisiones de acreditación y otros tipos de apoyo organizacional.

“He pasado los últimos tres meses trabajando turnos de 14 horas diarias”.

La acusación de aborto surge en el contexto de las discusiones en torno a la manera de salvar a la organización.

Analinda Moreno, la directora interina, indicó que la organización simplemente “se quedó sin recursos, su personal financiero y yo hemos pasado los últimos tres meses trabajando turnos de 14 horas diarias todos los días para impedir que esto suceda”.

Moreno agregó haber dado inicio a una búsqueda en forma de un nuevo presidente y director general, pero que no le parecía “correcto” contratar a nuevos miembros de la junta debido a la situación de la organización.

La directora interina también comentó haber intentado modificar el modelo empresarial mediante el aumento de cuotas, el retiro de los servicios de VIH/SIDA y la reunión con los gobiernos estatal y federal (el Centro para el Control de Enfermedades y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas) y con partidarios dentro de la comunidad.

No obstante, otros comentaron no haber visto tales esfuerzos

“Intentamos colaborar con ellos y quedó claro que no llegaríamos a ninguna parte así que acudimos al estado, al cual se le pidió que se hiciera cargo de la situación”, comentó Bill Schlesinger, codirector de Project Vida, el cual opera clínicas que ofrecen atención primaria incluyendo planeación familiar, salud conductual, exámenes generales, laboratorio y medicamentos. Las clínicas de Project Vida se quedarán con los ex pacientes de Planned Parenthood de El Paso, y deberán solicitar subvenciones para suplir la demanda, de acuerdo con Schlesinger.

Un ex empleado, quien pidió que su nombre no fuera utilizado por temor a represalias, indicó que luego de la partida de Brooks en abril, Moreno y los tres miembros del consejo restantes (Bonnie Escobar, Lynn Salas y Carlos Cabada) convirtieron las oficinas de Planned Parenthood de El Paso en un “agujero negro, al que entraba cualquier cosa pero del que nada salía. No se respondían llamadas telefónicas ni correos electrónicos”.

Errores pragmáticos— Brooks comentó que fue un error poner fin a los programas de prevención de VIH y a otros relacionados, especialmente a los 1.2 millones de dólares destinados a subvenciones para ‘Centros Médicos Federalmente Calificados’ (tal designación permite que clínicas que dan servicio a personas de bajos recursos reciban subvenciones).

Agregó que a pesar de lo que consideraba que eran errores programáticos continuó abogando por Planned Parenthood, pero no obtuvo respuesta.

“Tras mi salida seguí abogando por Planned Parenthood y por una dependencia local dispuesta a asociarse y financiar el capital de trabajo de Planned Parenthood. Mis llamadas y correos electrónicos no fueron regresados”, comentó.

Brooks indicó que antes de su partida había dos filiales dispuestas a firmar acuerdos de gestión. Se llevó a cabo un plan de viabilidad financiera y las filiales que se fusionarían eran Planned Parenthood de la Región Capital de Texas y la Asociación de Planned Parenthood del Condado de Hidalgo.
El grupo de Austin no respondió a una solicitud de comentarios.

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